La crisis económica que estalló hace cinco años con las hipotecas subprime no le ha pasado factura al bolsillo de los diputados autonómicos, pues tras sufrir dos congelaciones salariales y un recorte del sueldo en el 2010, cobran ahora un 7,7 % más que en el 2006, el último ejercicio ajeno a las turbulencias.
El 2006 fue cuando se aprobó el nuevo modelo retributivo del Parlamento gallego, bajo la presidencia de la socialista Dolores Villarino. Hasta entonces no se sabía con gran exactitud lo que cobraba un diputado, pues su salario era muy variable y dependía del número de asistencias a comisiones, y por eso se optó por aprobar un modelo de nómina más transparente y por publicar las cifras.
Según aquel acuerdo, el salario mínimo de un parlamentario (sin contar kilometrajes y complementos en función del cargo) era de 4.467 euros brutos al mes. De ellos, 2.075 correspondían a una asignación fija sujeta a retención del IRPF, un plus para gastos de representación de 300 euros también sujeto a retención y la llamada «axuda de custo» mensual de 2.092 euros, supuestamente para alojamiento y manutención, por la que no se tributaba a Hacienda.
Pero en estos momentos reciben un sueldo que, como mínimo, es de 4.811,24 euros, es decir, que supera en 344,24 euros el que percibían en el 2006. La retribución garantizada, por tanto, es un 7,7 % más elevada a la del 2006, y eso pese a que sus señorías sufrieron tres mermas salariales con la crisis (congelación salarial durante todo el 2009, nueva congelación en el 2010 y reducción del 10 % del sueldo desde junio del 2010).
El desfase se debe a que en el 2007, cuando se hundía Lehman Brothers, se subieron de forma sustancial los salarios que se aprobaron el año anterior. Y además se incrementó mucho más la parte que no está sujeta a retención, lo que provoca que los diputados solo tributen a Hacienda por el 40 % de lo que cobran. De hecho, la asignación fija y los gastos de representación mínimos sujetos a retención son ahora de 1.942,95 y 280 euros, respectivamente, es decir, inferiores al 2006. Pero por la ayuda de coste que no tributa cobran 2.587,38 euros, casi 500 más que hace seis años.
Los diputados autonómicos se sitúan entre los políticos mejor remunerados de la comunidad, al percibir salarios brutos anuales de 57.734,88 euros, a los que a mayores suman diferentes complementos en función del cargo y kilometrajes. Pero también son unos profesionales de la política muy insolidarios en términos fiscales, ya que por término medio solo tributan a Hacienda por el 40 % del salario que perciben, es decir, en torno a 5.200 euros al año.
Con un salario de estas características, a un profesional liberal o a un trabajador asimilado de la Xunta de Galicia, como es el caso de un director xeral, Hacienda le retendría por el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) entre 12.000 y 16.000 euros, aportaciones de las que distan mucho los parlamentarios gallegos, que, por término medio, pagan de IRPF unos 5.100 euros al año, mientras que al presidente de la Xunta, que no cobra de la Cámara, se le retuvieron el año pasado pasado 23.496,54 euros por el IRPF, según se desprende de su declaración de patrimonio.
Las respuestas a esta aparente anomalía hay que buscarlas en el propio régimen retributivo de que dispone el Parlamento desde el año 2006, cuando se suprimieron los sueldos variables en función de las asistencias a órganos colegiados por las asignaciones fijas con complementos.
Un diputado cobra, como mínimo, una asignación fija de 1.942,95 euros al mes, a la que añade como mínimo un complemento de 280,91 euros para gastos de representación. Y esta es tan solo la parte sujeta a tributación, pues el resto lo cobran, como popularmente se dice, en negro. De hecho, a estas cantidades todos los parlamentarios autonómicos añaden otra indemnización fija (llamada ayuda de coste) de 2.587,38 euros para sufragar el alojamiento en Santiago o gastos de manutención, independientemente de que hagan o no uso de ellos.
Es decir, que aunque vaya a dormir a su casa, el diputado cobrará esta ayuda fija y, a mayores, los gastos en kilometraje que haya hasta su domicilio. Ni una indemnización ni la otra estarán sujetas a tributación.
La asignación fija mensual que perciben los diputados autonómicos para alojamiento y para manutención, un importe de 2.587,38 euros que no está sujeto a retención del IRPF y por la que no tributan a Hacienda, la cobran de manera automática independientemente de que dispongan o no de esas dietas o de esas pernoctaciones en Santiago, donde se ubica la sede del Parlamento.
Es más, esa asignación, denominada como «axuda de custo» es en realidad una parte fija más del salario, que los parlamentarios cobran incluso en los tres meses considerados inhábiles (enero, julio y agosto) en los que no se celebran comisiones ni sesiones plenarias, salvo que la presidencia y los grupos políticos tomen un acuerdo en sentido contrario y decidan habilitarlos, como ocurrió puntualmente con el pasado mes de julio.
Pero aunque en agosto los diputados no tengan la obligación de acudir a la sede parlamentaria de O Hórreo, reciben igualmente la paga de 2.587,38 euros para alojamiento y manutención y, llegado el caso, incluso pueden liquidar kilometrajes con el Parlamento, pues cada mes se les asegura al menos el cobro de cuatro desplazamientos por medios propios para acudir a las reuniones de sus grupos políticos.
Las dietas de locomoción les permiten a los diputados ingresar desde 300 a 2.000 euros más al mes, dependiendo de la residencia declarada. Y por este importe tampoco tributan.
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