El caso de un anciano de 88 años de edad, vecino de Ferrol, ha puesto al Juzgado de Instrucción número 2 (con competencias en Violencia sobre la Mujer) ante un serio conflicto de intereses.
De una parte está el testimonio de su esposa, que asegura haber sido víctima de malos tratos o del comportamiento violento de su marido durante cerca de medio siglo. Y la denuncia de la hija del matrimonio que declaró ante el juez Carlos Suárez-Mira haber sufrido la acometida de su padre, armado con unas tijeras que apunto estuvo de clavárselas. El anciano se encuentra o encontraba en el momento en que el juez resolvió ingresarlo en un centro hospitalario, pero parece que iba a ser dado de alta.
En el auto, el magistrado Suárez-Mira ha resuelto dictar una orden de alejamiento contra el encausado (el anciano) que no podrá acercarse a una distancia inferior a 200 metros de su esposa e hija. Tampoco podrá comunicarse con ellas por medio alguno (postal, telegráfico, telefónico o correo electrónico).
¿Qué ocurrirá cuando el anciano deje el hospital, a donde podrá ir? El juez, en el mismo auto, resuelve que la oficina judicial oficie a los servicios sociales del Concello de Ferrol al objeto de poner en conocimiento la posibilidad de situación de desamparo en que pueda quedar el anciano violento cuando deje el centro sanitario.
El juez considera que existen indicios suficientes para pensar que el anciano pudo cometer una infracción penal, es decir, un delito de violencia de género, si bien será el tribunal al que corresponda el que resuelva a la postre sobre su culpabilidad. Los elementos en que se basa para adoptar esta medida cautelar de alejamiento son las declaraciones de la esposa y la hija. De sus testimonios en la denuncia policial y ante el juez se desprende la existencia de reiteradas amenazas con objetos peligrosos que les hace temer por su seguridad a las víctimas.
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